Se trata, dicen los obispos venezolanos, de “una iniciativa divorciada de las urgentes necesidades del país”, “no contribuye al entendimiento entre los venezolanos”, “constituye un paso más en el socavamiento del Estado Social de Derecho previsto en la actual Constitución”, “los temas presentados no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos sino a prolongar la permanencia del gobierno en el poder”, “el objetivo fundamental es constitucionalizar el Estado Comunal, propuesta rechazada por el pueblo en el referendo consultivo de 2007”. Los obispos califican la iniciativa presidencial de engañosa, peligrosa, innecesaria e inconveniente y ven en ella un intento para sustituir a la actual Asamblea Nacional, elegida por una clara mayoría de los venezolanos.

No les falta razón a los obispos, representantes de una institución que mantiene los más altos niveles de aprobación en la ciudadanía. Sus argumentos y muchos más ocupan a la opinión pública. Poco se discute, sin embargo, sobre las implicaciones económicas de una constituyente como la propuesta y de la incertidumbre que sembrará en el país, primero mientras dure y, luego, por los lineamientos que podrían consagrarse en ella.

Ilimitada en su duración y atribuciones la constituyente sumiría al país en un período de incertidumbre e inacción, fatal para una economía ya en estado de grave crisis. Impuesta la arbitrariedad, el revanchismo y la amenaza, el resultado no sería sino más contracción y más parálisis. La racionalidad desaparece frente a las veleidades de un gobierno paralelo con poderes plenipotenciarios. En condiciones así no hay espacio para la inversión, para nuevos proyectos, para iniciativas productivas. Solo para el caos y el abandono. ¿Qué seguridad jurídica puede transmitir a los agentes económicos una constituyente de la dimensión y composición como la que se propone? 

Nacida como una jugada política de audacia frente a la pérdida de aceptación ciudadana, la constituyente se anuncia como la consagración precisamente del modelo y de las políticas que han generado el inocultable fracaso de estos años. Pese a ello, el estatismo en todos los órdenes, la limitación a la propiedad y a la iniciativa privada, la multiplicación hasta la asfixia de los controles sobre la actividad económica, son solo algunas de las propuestas con las que se terminaría de dar rango constitucional al fracaso y a la miseria. Ya un candidato anunció que propondría cambios en el artículo que permite el establecimiento de empresas mixtas con firmas privadas en la industria petrolera y gasífera. La totalidad de las acciones en manos del Estado sería la consigna. No importa que desde la misma acera del candidato se prometa seguridad jurídica a los inversionistas y socios en empresas mixtas petroleras, así como la continuidad de los convenios firmados. ¿Cómo ofrecer garantías jurídicas simultáneamente con propuestas radicales de afectación a la iniciativa privada y a las inversiones? ¿Puede Pdvsa garantizar que los constituyentes mantendrán la seguridad de los inversionistas privados? ¿Será que Pdvsa puede pasar por encima de las decisiones de los constituyentistas? ¿Habrá que pensar que se trata de un esfuerzo desesperado para mantener un mínimo de condición empresarial y evitar que la producción petrolera siga cayendo? 

Lo que se dice de Pdvsa vale también para las empresas básicas. Hoy solo queda constatar su descalabro. Sidor acaba de anunciar que atraviesa el peor momento operativo de su historia. En el primer semestre de 2017 su producción solo ha alcanzado las 260.000 toneladas de acero líquido cuando en 2007 elaboraba 4,3 millones de toneladas anuales. Es la constatación de la incapacidad y del manejo irresponsable de las empresas básicas en manos del gobierno. 

¿Tiene sentido dar rango constitucional al fracaso?