En vista de las políticas que hacen ahora imperativo operar con el dólar oficial flotante (Dicom) –actualmente por arriba de Bs. 600–, algunas empresas del sector (Movilnet, Movistar, Cantv, Inter, NetUno, Digitel y Supercable entre ellas) habían anunciado recientemente aumentos en sus tarifas, congeladas cuando la tasa oficial para el sector se situaba en Bs 13,50. El argumento es sólido. Para el gobierno, sin embargo, pese a su lógica intrínseca, no resulta suficiente.

Las medidas contra Digitel y las amenazas al sector se suman a esa forma de esquizofrenia que se manifiesta por las contradicciones entre los atisbos de sensatez de algunos voceros oficiales frente a la racionalidad económica y el peso del poder y del discurso político para imponer una línea que reafirme la voluntad de exclusión, de estatismo y de autoritarismo. Así sucedió con la sola sugerencia de ir hacia una revisión del sistema cambiario. Así también con la declaración del presidente de Pdvsa reconociendo como un error la estatización de empresas de servicios en el año 2009 y con la del ex-ministro Pérez Abad sobre la conveniencia de poner en manos privadas las empresas estatizadas, algunas de las cuales, en sus palabras, “están totalmente paradas, fueron abandonadas y no pudieron ser recuperadas”. No han corrido mejor suerte las recientes afirmaciones del Ministro de Industrias Básicas en las que reconoce que el incremento de nómina en Sidor fue una política errada y que en nada contribuyó a mejorar la producción y la productividad. Entre tanto, la falta de materias primas provenientes de Sidor sigue afectando gravemente al sector de la construcción y a otros sectores industriales. Lo que queda de estas contradicciones es, lamentablemente, la comprobación de que al final el vocero político tiene la última palabra, acalla y ordena. Avanzar una opinión fuera de la línea oficial es ya, para quienes trabajan en el Gobierno, casi tan peligroso como haber firmado la solicitud para el Revocatorio.

En el caso de las amenazas o sanciones a empresas del sector de telecomunicaciones no es aventurado advertir un recrudecimiento de la voluntad de control por parte del Estado. “Si ustedes dicen que no pueden, véndannos estas empresas” ha dicho el presidente Maduro repitiendo la fórmula de asustar, ahorcar, deprimir y sacar del juego. No parece sino que se sienten mejor solos, mejor con todo el poder.

Tan graves como las amenazas son las consecuencias, que afectan ya no a un sector sino a todo el país y en materias tan importantes como el ejercicio de la libertad, el acceso al conocimiento, la educación, el comercio, la innovación y la modernización. Los más afectados son los ciudadanos, precisamente en un momento en el que el mundo digital se impone cada vez y más claramente como el más globalizador, el más innovador y uno de los de más rápido crecimiento. Se trata de un sector que más que otros requiere de enormes inversiones simplemente para no quedar estancados, para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, actualizar su plataforma tecnológica y contar con la indispensable asistencia técnica internacional. Contrario a lo que sucede en los países desarrollados, ya en Venezuela comenzamos a percibir y sufrir los síntomas de una desaceleración que nos resta competitividad y afecta nuestra vida diaria, sobre todo por la calidad de los servicios más directamente controlados por el Estado.

Es posible que el riesgo del aislamiento digital al que nos exponemos no despierte inmediatamente la reacción de la comunidad, al menos no tanto como la escasez de alimentos o medicinas, pero sus efectos a mediano y largo y plazo serán inconmensurables. De pronto nos daremos cuenta de que hemos perdido el tren de la modernidad y de la competitividad, del contacto con el mundo y el conocimiento.