Con esta expresión abre la comunicación dirigida por el viceprovincial de los jesuitas a toda su comunidad en el país. Dice más: “El cuerpo social avanza cada vez más hacia condiciones de vida menos humanas”. A esa misma dramática conclusión tiene que llegar el venezolano, golpeado todos los días por una crisis que afecta cada aspecto de su vida y perturbado por informaciones tan dolorosas como la de los niños recién nacidos colocados en cajas de cartón o el reportaje del NY Times que pinta el cuadro dantesco de los enfermos mentales en Venezuela: grave escasez de medicamentos –alrededor de 85%– para los pacientes psiquiátricos, instituciones para la salud mental desbordadas en su capacidad –de 23.630 pacientes en los hospitales públicos en el 2013 solo 5.558 para el 2015, según informe del Ministerio de Salud–, familias dedicadas a la atención en la casa de pacientes que deberían estar en los psiquiátricos, centros hospitalarios en los que apenas pueden alimentarlos.

En contraste con toda la propaganda oficial y con las repetidas declaraciones de compromiso con el pueblo, lo que todo esto revela es algo tan grave como la ausencia de gestión en la preservación de los derechos de los más débiles. No se trata solo del fracaso generalizado en materia económica, sino de un doloroso cuadro de abandono a los más vulnerables. La realidad ha terminado por desmentir el discurso y por desnudar un nivel de incapacidad que afecta directamente lo más elemental de las aspiraciones de los ciudadanos: las que tienen que ver con la salud y la alimentación.

Cuando se observa la debacle, resultado de la falta de capacidad de gestión, habría que esperarse alguna señal de rectificación, de disposición a buscar y recibir ayuda. No ha sido así. Según el reportaje del NT Times el gobierno de Venezuela niega las fallas de sus hospitales y ha rechazado varios ofrecimientos de ayuda médica internacional. Tampoco ha aceptado el apoyo o las voces de quienes podrían mejorar la capacidad de gestión. Parecería que dejarse ayudar implica debilidad, renuncia, confesión de incapacidad. No cabe en su postura de exclusión y autosuficiencia. Apremiado u obnubilado por el poder, olvida que poder y competencia no van automáticamente juntos. Más aún: poder sin competencia es descalabro y frecuentemente corrupción y abuso.

El reciclaje de ministros es una prueba de la incapacidad o de la falta de voluntad para conjugar poder y competencia. Es también prueba de empecinamiento en una posición suicida, reflejo de una ideología autoritaria y autárquica, cuyos efectos en la conducción económica afectan gravemente a los venezolanos y preocupan a la comunidad mundial. Venezuela, de hecho, volvió a ocupar uno de los últimos lugares –130 entre 138– en el Informe de Competitividad Global correspondiente al período 2016-2017 del Foro Económico Mundial. Más grave aún: ocupó la última posición en la región en 6 de los 12 aspectos fundamentales analizados por los expertos: instituciones, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral y negocios sofisticados.

Esta visión, desde fuera pero más directamente la percepción diaria de la aguda crisis que nos afecta, obliga al planteamiento de una ajustada jerarquización de las necesidades: alimentación, salud, seguridad, educación. El cambio no se produce, desde luego, con medidas espasmódicas como la reducción de cinco puntos del encaje legal, que es dinero de los ahorristas, para supuestamente financiar al sector agrícola. Además de la arbitrariedad de la medida, no es pensable obtener de ella buenos resultados dada la probada falta de competencia y la ausencia de infraestructura y de un verdadero programa agrícola nacional. Estaríamos simplemente ante un cuadro inflacionario de mayor liquidez en la calle con paralización en el campo, de más circulante pero no de más producción.

Vivimos un momento en el que la incompetencia en la gestión de lo público afecta dramáticamente al ciudadano y representa un desconocimiento real de los elementales derechos de la población. También allí la letra y el espíritu de la Constitución han sido traicionados.