A riesgo de sonar repetitivos, bastaría con recordar, a modo de ejemplos entrelazados, el entrabamiento de la cadena agroalimentaria del maíz, la nerviosa y distorsionante importación de alimentos y la incoherencia de un esquema cambiario absolutamente superado y que solo fomenta la corrupción e incrementa la inflación.

El circuito agroalimentario del maíz, que comienza con la siembra y termina con la harina en la mesa del venezolano, ha sido sistemáticamente intervenido por el gobierno y sometido a crecientes presiones: expropiaciones, control de precios, hostigamiento permanente, competencia desleal mediante importaciones. Si en el pasado se hicieron grandes avances en el campo de la producción e industrialización del maíz, el gobierno se ha encargado de ir ahogando al productor. La producción nacional de maíz blanco, que entre 1960 y 1999 aumentó de 440 mil a 1.149.452 toneladas, ha caído ahora dramáticamente. Hasta el 2007 el país fue capaz de autoabastecerse de este grano. Hoy no le es. Según el presidente de Fedeagro, en 2013 la producción nacional cubrió el 68% de las necesidades nacionales de maíz blanco, en 2014 el 60%, en 2015 el 41% y en 2016 apenas 33%. Lo que se sembró en 2016 no alcanza sino hasta enero de 2017 y no hay posibilidades de importar. El gobierno niega al sector privado las posibilidades de hacerlo o pone trabas que multiplican artificialmente las dificultades. Las plantas productoras de harina precocida de maíz se encuentran paralizadas por falta de materia prima.

Incapaz de recuperar la cadena productiva agroalimentaria, el gobierno ha optado por la importación directa de alimentos y su distribución también directa mediante ensayos que se apoyan más en la afiliación partidista y en la cadena de las conveniencias políticas que en los mecanismos consolidados de relación entre el mercado y el consumidor. Lejos de resolver el problema de abastecimiento, el resultado del control estatal de las importaciones de alimentos ha significado en la práctica un lucrativo negocio para un reducido grupo de importadores, una fuente de corrupción para muchos y, muy especialmente, un factor de encarecimiento desmedido del precio de los alimentos para el consumidor. En el fondo, las importaciones directas de alimentos han funcionado como una demostración más del escaso o ningún interés del Estado por estimular de verdad la producción nacional y de la voluntad de anular la acción del sector privado o de someterlo a un esquema estatista, sobre cuya probada ineficacia la experiencia propia y ajena no puede añadir más.

Y está el tema de la disponibilidad de divisas, marcado por la incoherencia del sistema cambiario y por la baja tanto de la producción petrolera como del precio por barril. ¿Hasta dónde llega la disponibilidad de divisas para pagar la deuda y mantener el ritmo de importaciones? ¿Hasta dónde puede el Banco Central seguir imprimiendo dinero inorgánico a sabiendas de que cada bolívar corre a refugiarse en el dólar y aumenta la presión inflacionaria? La amenaza de hiperinflación está a la vuelta de la esquina.

Con este cuadro por delante, resulta incomprensible la pretensión de concentrar la atención nacional en lo político y posponer las decisiones en materia económica. Hacerlo solo se entendería como una estrategia egoísta e irresponsable de quienes procuran a toda costa evitar el pago de la factura política que podría derivarse de asumir las necesarias y urgentes medidas macroeconómicas que la realidad está exigiendo. La realidad es que no se puede dejar el tema para más tarde. En algún momento hay que abrir el mercado cambiario, sincerar la moneda, recuperar la producción interna. Alguien tiene que hacerlo. Mientras más tarde, peor. La gente lo siente. No son ya solo los analistas. Y la gente lo sufre y reacciona. Los problemas nos alcanzaron hace rato. Posponer las soluciones solo puede agravarlos.