Lo que en el fondo quería dejar claro parecía ser lo poco que le importaban las cuentas y menos el tener que presentarlas ante una instancia burocrática. El heroísmo de sus soldados y el resultado de la campaña le liberarían de esa obligación, a su juicio, menor. Cinco siglos después, el gobierno venezolano ha encontrado una argucia legal para no presentar el Presupuesto de la nación a la instancia explícitamente señalada en la Constitución. Podríamos hablar, entonces, del “presupuesto del gran capitán”.

Abogados, economistas, académicos, legisladores han señalado ya, y con muy buenos argumentos, la gravedad de la decisión del Ejecutivo de burlar la Constitución al no someter el proyecto del Presupuesto 2107 a la Asamblea Nacional. La primera y más inmediata consecuencia de esta decisión eminentemente política es, sin duda, la profundización de una grave crisis de legalidad y de una muy peligrosa pérdida de institucionalidad. La segunda toca la globalidad de la economía, no solo la del gobierno central y de los regionales, sino la de todos los ciudadanos, que son los que, por cierto, sostienen con sus contribuciones más de 80% de los gastos del Estado. Un presupuesto decretado así y de esas magnitudes no puede sino potenciar todas las alarmas.

El principio fundamental en el que se apoya la elaboración y aprobación del presupuesto ha sido el de la separación de poderes y el de la asignación de responsabilidades. Al Poder Ejecutivo le corresponde calcular los ingresos y proponer los gastos, al Legislativo analizar unos y otros, aprobar el presupuesto y supervisar su ejecución. Lo contrario es la arbitrariedad de aprobarlo todo desde la unilateralidad, del desconocimiento del Poder Legislativo, del acomodo con el Poder Judicial, de la confusión interesada entre colaboración de poderes y sumisión.

El proceso de responsabilidades compartidas y de elaboración y aprobación del Presupuesto con atención a criterios técnicos está concebido con el propósito de eliminar la arbitrariedad y la improvisación, ampliar la visión sobre la realidad y las necesidades, abrir espacio para la participación de la ciudadanía y de las instituciones, sumar el aporte de los expertos e incorporar a las regiones y a los sectores en una dinámica altamente positiva. Lo contrario, un proceso autárquico y unilateral, solo abre espacio al abuso, al desorden y, desde luego, a la corrupción.

Desde la arrogancia del poder ejercido sin controles y frente a lo que se considera una amenaza y no es otra cosa que el legítimo ejercicio de las funciones consagradas en la Constitución, se apela a la instancia de Poder Judicial y a la farsa de una consulta popular. El autoritarismo ha cambiado la forma de entender la representación popular. Resquebrajado el sí automático de las instituciones, el Ejecutivo ha decido apelar a su desconocimiento, siempre, naturalmente, en nombre de pueblo. El camino escogido no es, en todo caso, ni legal ni el mejor para contar con un presupuesto cuya orientación, elaboración, viabilidad y ejecución determinan en alta medida las posibilidades para la salud de la economía nacional, la estabilidad y el clima de oportunidades.

Con la expresión “las cuentas del gran capitán” se alude a la artimaña de no rendir cuentas o de rendirlas alegres, pero puede aplicarse también a la pretensión de no discutir ni aclarar el presupuesto, es decir, ese sano y básico equilibrio de ingresos y gastos que es tema de preocupación y de discusión en todos los países. ¿Quién asumirá la responsabilidad de un Presupuesto nacional decidido sin esa participación y sin apego a la Constitución? ¿Quién responderá por los desajustes económicos y por sus consecuencias políticas? Sabemos quién las pagará, pero, no es retórico insistir: ¿rendirá alguien cuentas?