Si se pasa un escáner por los distintos países del mundo, se encontrará que la educación universitaria es una actividad en la cual suelen participar tanto el sector público como el privado. De hecho, la experiencia internacional muestra que la presencia de ambos sectores suele contar con la aprobación de las sociedades. Cuando existe un monopolio del sector público, la población se muestra insatisfecha por la masificación de los servicios, que muchas veces conduce a una oferta con poca variedad y problemas de calidad. Por su parte, cuando el monopolio es del sector privado, la población rechaza que solo aquellos que tengan capacidad de pago tengan la oportunidad de entrar a la universidad.

En Venezuela, desde 1954, el sector público y el sector privado han participado en la provisión de educación universitaria. Los estudiantes se han movido hacia una u otra opción en función de sus condiciones socioeconómicas e intereses académicos. No obstante, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, la educación superior -tanto pública como privada- ha estado sometida a fuertes cuestionamientos, siendo el argumento de la exclusión el más utilizado.

Era un hecho que un buen número de bachilleres, mayoritariamente provenientes de los liceos públicos y de los estratos socioeconómicos más pobres, no podían ingresar a las universidades. En las públicas, aunque el pago de la matrícula no era una barrera al acceso, porque las deficiencias en la educación primaria y media les impedían superar con éxito los procesos de admisión; en las privadas, porque a las dificultades para resultar admitido se sumaba la imposibilidad de pagar la matrícula. Frente a esa situación, el Gobierno tomó varias medidas: incrementar significativamente el número de cupos en el sistema de universidades públicas llamadas bolivarianas, con requisitos de admisión poco exigentes; presionar a las universidades públicas tradicionales y las universidades privadas para que modificaran sus criterios de admisión; aumentar el cupo en las universidades públicas tradicionales (sin incrementar su presupuesto) y, más recientemente, amenazar con imponer un control de precios a las universidades privadas.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esas medidas? En el corto plazo ganan los aspirantes que logran ingresar a las universidades y sus familiares, pero sobre todo gana el gobierno, que recibe como retribución la lealtad y posiblemente los votos de los favorecidos. No obstante, si se piensa en el mediano plazo, ese beneficio inicial comenzará a esfumarse en la medida en que se deteriora la calidad de la educación que se ofrece. Otros grandes perdedores son los empleados y profesores, cuyas remuneraciones y posibilidades de investigar y publicar disminuyen. En última instancia pierde la sociedad en su conjunto, que es privada de la posibilidad de progresar gracias a la producción de nuevos conocimientos, avances tecnológicos y el libre debate de las ideas que se genera en las universidades. Si la meta es lograr la inclusión social, es preciso eliminar la principal fuente de desigualdad de oportunidades, que no es otra que la deficiente educación primaria y media que se imparte en las escuelas y liceos públicos.