Mesa de la “verdad económica”

Por Gustavo Roosen.

 Artículo publicado el lunes 14 de abril de 2014 en el diario El Nacional.

La propuesta de constituir mesas de la “verdad económica”, dentro del contexto del diálogo intentado por el gobierno, hace pensar en una cierta disposición de abordar los temas de discusión de una manera más pragmática. Si esa disposición realmente está presente, el gobierno debería estar dispuesto a examinar, por ejemplo, los resultados de las expropiaciones. ¿Qué se ha logrado con ellas? ¿Cuál ha sido el efecto en términos reales de esas acciones, vistas no desde el propósito ideológico sino desde el pragmatismo de los resultados? Este fue precisamente uno de los 12 puntos planteados en el tan publicitado encuentro inicial: revisar los niveles de producción de las empresas estatales.

Al abordar esta tarea habría que analizar los resultados de su desempeño en términos de volúmenes de producción, calidad, costos, productividad por trabajador, manejo financiero. Los exámenes hechos hasta ahora sobre ese desempeño concluyen con calificación negativa. Domina un cuadro de empresas desenfocadas, alejadas de su función primordial, sostenidas artificialmente, en muchos casos en condición de quiebra técnica.
Visto solo desde la perspectiva del cliente, del grupo humano o del sector productivo al que la empresa tiene como primer objetivo atender, los resultados han sido decepcionantes: menor producción, pérdida de calidad. El fracaso de las empresas expropiadas explica los altos índices de desabastecimiento, por ejemplo, de café, renglón en el que el Estado-empresario detenta cerca de 80% de la capacidad instalada de procesamiento, o de harina de maíz, en el que tiene el control sobre cerca de 50%; o de azúcar, donde es dueño de 10 de los 16 centrales azucareros.

Y si se trata de las empresas básicas, el cuadro no es diferente: ineficiencia operativa, pérdida de producción, disminución crítica de los niveles de productividad, costos de administración excesivos, incapacidad para acometer las inversiones de imperiosa necesidad, pérdidas que superan los 500 millones de dólares en una sola empresa, por ejemplo. De una condición de pleno abastecimiento de productos planos Venezuela ha pasado a importar desde China cerca de 80% de sus requerimientos. Para probar el fracaso sobran indicadores.

El análisis de estos resultados lleva a concluir la imposibilidad de hacer sostenibles empresas cuya acción responda más a objetivos políticos que a la satisfacción del cliente y a la generación de utilidades. El gobierno ha equivocado la perspectiva cuando, en el manejo de estas empresas, ha puesto el acento no en los intereses del cliente y del consumidor, sino en los de una suerte de cofradía conformada por él mismo como patrón y por los trabajadores. En este esquema la condición de gerente público con formación y criterio ha cedido espacio a la de empleado del gobierno, cuando no a la de simple activista del partido.

Más allá de la constatación de estos datos la gran pregunta que habría que plantearse en las mesas de la verdad es sobre la disposición del gobierno para reconocer el fracaso de las empresas que ha tomado de manos del sector privado y para aceptar la necesidad de rectificación. Una disposición así haría honor a recientes declaraciones oficiales que llaman al realismo económico y recuerdan la urgencia de atender las necesidades de una economía productiva.

Si la tónica es la de deliberar sobre la verdad económica es imposible soslayar la pregunta de fondo: ¿Está el gobierno dispuesto a ajustarse a las normas constitucionales que hablan de un “régimen socioeconómico fundamentado en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad” y que imponen al Estado la responsabilidad de, trabajando en conjunto con la iniciativa privada, promover “el desarrollo armónico de la economía nacional”? De las mesas de la verdad debería surgir el compromiso real, no solo declarativo, con estos mandatos constitucionales, abiertamente contrarios a un modelo que recela de la participación privada, levanta trabas para su acción, desconfía del mercado y lo asfixia.