A muchos ciudadanos que no disponemos de información privilegiada, sobre lo que ocurre en las altas esferas políticas, nos preocupa que, con creciente intensidad, se comente que hay conversaciones andando entre gente vinculada al régimen y gente de la oposición. No sabemos si eso es verdad, sin embargo, es bueno hacer algunas consideraciones al respecto por la sencilla razón de que somos venezolanos y nos importa lo que aquí ocurre o pueda ocurrir.

Que los políticos hablen y negocien no debe preocuparnos, como tampoco debe escandalizarnos que cualquier conversación se lleve a cabo con discreción. Lo que sí debe ser motivo de preocupación es el propósito de cualquier negociación y lo que se está dispuesto a ceder a cambio de lo que la otra parte ceda.

Ante todo, quienes negocien por el régimen, por la oposición o por cualquier otro grupo o sector, deben tener muy presente algo tal vez obvio pero fácil de olvidar: este país nos pertenece a todos, no solo a unas élites que se atribuyen la facultad o don de saber qué es lo que le conviene al país. Y que, por tanto, lo que ellas propongan o acuerden en cualquier negociación debe ser aceptado por el resto de los ciudadanos, dado que, por definición, es bueno y a todos nos conviene. Gracias a nuestra evolución social y política, la sociedad venezolana de hoy no es la misma de hace unos veinte o treinta años. Al menos un sector creciente de la población aspira a tener mayor incidencia en lo que ha de ocurrir. Ejemplo emblemático es el de los estudiantes, y está lejos de ser el único. Así que lo que se negocie no puede contradecir ni los objetivos inmediatos ni la manera de entender al país, sus necesidades y el futuro al cual se aspira, de esa parte de la población más activa, más participativa y, definitivamente, más respondona. Que no se cometa de nuevo el error de pensar que quienes opinan no son más un puñado de venezolanos con características muy particulares como grado de politización. Esos ciudadanos respondones están diseminados en muchos ámbitos de la sociedad, como en las empresas y los sectores populares, entre otros.

De igual manera, claro debe tenerse que parte importante de los ciudadanos que siguen de cerca lo que acontece en el país comparten valores que imponen límites a lo que es negociable. Por ejemplo, hay razones para creer que la impunidad de crímenes cometidos contra los derechos humanos sería algo intolerable para muchos. No hay duda de que este asunto de los derechos humanos puede constituir un obstáculo importante para un acuerdo entre gente de la oposición y el régimen. Ojalá que no emerjan expertos en negociaciones políticas afirmando que exigir que no haya impunidad sería insensato porque nadie va a aceptar gustoso la posibilidad de ser condenado por crímenes de lesa humanidad. Esto es cierto, pero también es cierto que las víctimas de la violencia del régimen, o los familiares de las víctimas no recibirían con beneplácito la injusticia con tal de que haya paz.

Paz a cualquier precio hace imposible la paz. Si se trata de alcanzar una paz duradera, porque tiene sólidos fundamentos, es imprescindible exigir la existencia de árbitros institucionales –fiscal general, Tribunal Supremo, por ejemplo– creíbles por gran parte de la población de cualquier signo político. Cualquier acuerdo que no contemple esta necesidad no será más que un esfuerzo en vano que cuando mucho logrará ganar tiempo a una o varias partes negociadoras para que luego estalle un conflicto peor que el actual. De nuevo es predecible el argumento de que eso de contar con árbitros creíbles es mucho pedir, que hay que ser realistas porque nadie que está en el poder se automutila. Es así, pero también es cierto que hemos llegado a esta grave situación de hoy no solo por sueños desmedidos sino también por un realismo desmedido, que entre otras cosas se caracterizó por una evasión patológica del conflicto.